Mucho se ha leído y se ha visto desde que comenzó el año sobre los conflictos sociopolíticos que atraviesa Perú desde diciembre del 2022, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de la República desde donde se alegó la “incapacidad moral” del ex mandatario para ejercer dicho cargo. Este acontecimiento devino automáticamente en la instalación de Dina Boluarte, hasta ese momento vicepresidenta, como jefa máxima del Estado. Y, aunque mucho sabemos los latinoamericanos de gobiernos interrumpidos, crisis democráticas y golpes de estado, me pararé a analizar una problemática que reapareció con tal fenómeno y que ha sido visibilizada en las últimas semanas por medios nacionales e internacionales: las protestas de las comunidades indígenas.

Hasta el momento es de público conocimiento que Perú es uno de los países en América con mayor porcentaje poblacional indígena; por lo que, la historia social de esta nación está protagonizada en gran medida por la lucha de estos pueblos que buscaron, y aun buscan, tener nada menos que derechos civiles, humanos y políticos. Entre las demandas que han definido el rumbo del acontecer histórico de estos pueblos, se destaca la recuperación de sus tierras, arrebatadas durante el proceso de conquista europea iniciado en 1492; la desigual distribución de los recursos naturales, fundamentalmente del agua; y el pleno reconocimiento constitucional de su identidad, cultura y su lengua como parte integral del Perú.

Actualmente, la presidente Dina Boularte carga con la sombra de la inestabilidad política sobre su mandato, generada en gran medida por las protestas de sectores populares, rurales e indígenas, que exigían inicialmente un nuevo llamado a elecciones y la liberación de Pedro Castillo. Si bien las intenciones iniciales de las movilizaciones se expresaban fundamentalmente en clave política y partidaria, estas se fueron distorsionando cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los derechos humanos de los manifestantes terminando con la vida de más de 60 de ellos.

La forma en la que se han desenvuelto dichos acontecimientos ha generado que nuevamente estos sectores tengan que salir a protestar por sus derechos civiles y humanos, aun no expresados una constitución nacional que en la teoría dice ser multicultural desde hace ya treinta años (1993), reconociendo la existencia física de estos pueblos, pero no la integración desde el respeto a la diversidad cultural y ni la igualdad jurídica como parte del mismo Estado. Esto último es lo que se busca lograr por medio de la plurinacionalidad, tan buscada en países como México y Ecuador, y ya lograda en otros como Bolivia. Tal principio implica un reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los integrantes de la sociedad, teniendo en cuenta el respeto a la diversidad cultural existente, así como también una respuesta a las necesidades de todos sin importar la etnia y la clase social.

Sin embargo, es importante entender que hay ciertos factores sociales y condicionamientos históricos que impiden el cumplimiento efectivo de una reforma constitucional tal como la exigen las naciones indígenas. Esto tiene que ver con aquellas creencias que aún prevalecen en las bases sociales peruanas, ligadas al regionalismo y al racismo que a lo largo de la historia han reforzado las relaciones de poder que producen desigualdad territorial, jurídica y social. Las mismas se manifiestan diariamente a través de aquellos que creen tener el derecho a ejercer el poder sobre la vida, las corporalidades y los territorios de quienes habitan el Perú con objetivos y cosmovisiones diferentes ‒y contrarias‒ a las hegemónicas.

Si nos remontamos al inicio del periodo formativo de los Estados nacionales de Latinoamérica, es decir, principios del siglo XIX, podremos coincidir en que se trató de un periodo con importantes modelos de reorganización política en torno a valores como la libertad y la soberanía, pero a su vez también, este proceso conllevó a fuertes crisis sociales en las que las diferencias raciales no variaron con respecto a la época colonial, sino que en gran medida aumentaron. Las miradas de las nuevas élites dirigentes estaban puestas en modelos de progreso y evolución social que venían directamente desde Europa y que, por consiguiente, excluían por completo la idea de incorporar en las nuevas formas de identificación nacional los rasgos culturales de los pueblos originarios.

Durante este periodo los mestizos y criollos aprovecharon la desocupación de tierras que antes estaban bajo el dominio de la corona y de los españoles, para apropiarse de las mismas. Estas eran trabajadas por las comunidades campesinas, muchas de ellas de origen indígena. A partir de entonces, las nacientes Repúblicas empezaron un proceso de segregación y desprotección de estos sectores, siendo un ejemplo de esto la declaración del castellano como el idioma oficial en 1825 en Perú, medida que perduraría por más de 140 años.

Así, el contexto que siguió a la formación de la República fue de levantamientos y revueltas, dando lugar a un fuerte regionalismo que implicó la separación de los territorios “conflictivos” y “atrasados” habitados por el indígena en zonas rurales y fronterizas, de aquellos lugares frutos del “progreso” en las nacientes urbes. A su vez, las manifestaciones de descontento fueron desarrollando un movimiento indigenista que se consolidó como espacio de resistencia entrado el siglo XX y convirtiéndose éste a su vez en un problema nacional.

A partir de entonces, con el surgimiento de este movimiento también surgió la demagogia política que se fue haciendo con la simpatía de los sectores subalternos que lo conformaban. Sin dejar de lado los derechos sociales y políticos conseguidos, así como también los espacios de representación creados a partir del gobierno de Augusto Leguía (1919-1930). El discurso proindigenista, tan débil como efímero, daría lugar al fomento de fuertes levantamientos en las décadas de 1920 y 1930, que excedieron la capacidad estatal para controlarlos. Pronto la represión violenta autoritaria se hizo presente, dejando a su paso tanto un antecedente como también un hábito aun hoy persistente en las formas de relacionarse entre los manifestantes y el Estado.

Fue cuestión de tiempo para que estos grupos fueran cooptados por las corrientes del socialismo que se estaban expandiendo por América. Los socialistas del Perú no vieron a los indígenas como “indios”, no destacaron su condición racial, sino que, como marxistas, vieron su condición en las relaciones de trabajo y los catalogaron como “campesinos”. De esta forma, la resistencia de los grupos indígenas fue integrándose en el accionar político de la clase trabajadora, sin perder de vista las cuestiones de carácter étnico y siendo la reforma agraria y la distribución equitativa de las tierras el foco de los reclamos.

Así fue como tras años de lucha, los campesinos indígenas consiguieron una Ley de Reforma Agraria durante el gobierno de Juan Velazco en 1969. Aunque se trató de un gobierno autoritario, congruente con una época caracterizada por los golpes de Estados que atravesaba América Latina por aquel entonces, en el Perú se dio lugar a una importante democratización social y revalorización cultural de la identidad andina, siendo la declaración del quechua como idioma oficial una de los mayores ejemplos de este proceso.

A partir de la década de 1980 empezó a desarrollarse un proceso de militarización de los movimientos rurales indígenas, que estuvo, a su vez, acompañado de la expansión de los movimientos guerrilleros nacidos de la Revolución Cubana, y que, en Perú, se vio manifestado mediante la integración campesina a las guerrillas como la de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La evolución de un movimiento político a un grupo revolucionario fue dando lugar a una relación entre las protestas indígenas y una serie de reclamos que iban más allá de los originales, al mismo tiempo que también fue catalogando a estos sectores bajo ciertas banderas políticas e ideológicas a las que aun en la actualidad responden.

El curso de estos acontecimientos fue generando entre estos movimientos indígenas una dependencia política, sobre todos hacia los sectores de la izquierda, cuya relación fue variando respecto a los periodos de transición entre la democracia y el autoritarismo. La alternancia de los grupos partidarios que gobernaron el Estado, fruto de la inestabilidad política que caracteriza al Perú, también influyó mucho en las características que fueron adquiriendo las manifestaciones indígenas, siendo la represión estatal una de las respuestas más comunes hasta el día de hoy.

A pesar de que el Estado del Perú se asumió constitucionalmente como multicultural, admitiendo el predominio de los pueblos originarios y siendo el heredero de una de las culturas indígenas más importantes de la historia prehispánica, al día de hoy sigue habiendo vacíos constitucionales que niegan a estos sectores como como sujetos de poder y como colectividad política, reduciéndolos a la otredad étnica que forma parte de un vestigio pasado. La pigmentocracia con la que se gobierna esta República condiciona no sola la realidad social de los sectores indígenas y mestizos, sino también la percepción de las atribuciones que el gobierno cree tener sobre la vida de los mismos.

Es así como la memoria histórica de la población indígena peruana sigue condicionada desde la perspectiva de los derrotados. Y, aunque este es un fenómeno que en la actualidad busca revertirse, aún queda mucho por trabajar. Es fundamental entender que no hay cambios posibles en la historia de estos sectores sin un acceso equitativo e igualitario a la educación, a las tierras, al mercado laboral y a la representación política de un país donde estos otros constituyen una mayoría étnica y social. No basta con exponer una integración cultural en una constitución que –a la luz de los hechos está‒ no tiene legitimidad suficiente y es burlada en favor de las clases dirigentes permanentemente. Paradójico resulta que, el gobierno que asumió por la inconstitucionalidad de los actos del dirigente predecesor, tenga hoy su mayor falta para con los pueblos que tanto han luchado por tener su espacio en una Ley fundamental de la República con pleno reconocimiento y representación.